Pronunciamiento de las Academias Nacionales ante el país
Preocupadas por el respeto a las instituciones democráticas y republicanas, y en atención a los acontecimientos desarrollados durante las últimas semanas relativas al ejercicio del cargo del Presidente de la República, de los ministros y otros altos funcionarios del Poder Público Nacional, las Academias Nacionales se sienten obligadas a expresar las siguientes consideraciones.
El Acuerdo de la Asamblea Nacional del 8 de enero de 2013 y la posterior sentencia de la Sala Constitucional del día 9 del mismo mes y año, relativos a la juramentación del Presidente de la República, ya ampliamente divulgados, han afectado la credibilidad de los poderes públicos y la institucionalidad del Estado de Derecho, y ello ha agravado la incertidumbre sobre su seguridad jurídica y sobre la conservación del orden democrático y repúblicano.
Actualmente, la sociedad venezolana se mantiene bajo una gran indefinición respecto del funcionamiento del Poder Ejecutivo, por cuanto es un hecho notorio que el Presidente reelecto no se encuentra en ejercicio de sus funciones y no se sabe, según informaciones de voceros oficiales, cuándo podría asumirlas. No hay que repetir lo poco revelado. Aunque es incuestionable y totalmente respetable el derecho del Presidente a la salud, ello debe conformarse a las regulaciones constitucionales, pues de no corregirse de inmediato la situación antes mencionada ella dejará profundas heridas en las instituciones democráticas y republicanas del país.
Respecto a la aplicación del régimen de faltas temporales y absolutas de quien ejerce la Presidencia, o de quien ha sido elegido para este cargo, en atención a lo escuetamente revelado hasta ahora hay un tema clínico que requiere una explicación clara y directa por médicos venezolanos designados según la normativa aplicable y de manera inmediata e impostergable. En una sociedad democrática, la información sobre una enfermedad grave y el estado de salud del Presidente de la República son asuntos de interés público que incumben a la ciudadanía y, además, son asuntos que afectan a la transparencia democrática. El orden democrático y republicano se caracteriza, además del respeto por las reglas de selección, asunción y funcionamiento de los órganos de los poderes públicos, por la garantía del derecho ciudadano de acceso a una información veraz, seria y objetiva. Toda versión que no informe de manera efectiva o la deforme debe ser irrestrictamente inaceptada.
La elección, proclamación y juramentación de los individuos electos para cargos públicos, así como la fijación del inicio y terminación de períodos para su ejercicio, son todas todas garantías indispensables para asegurar la legitimidad de origen del poder público, que en los casos de reelección impiden que se desvirtúe el principio del gobierno repúblicano, democrático, electivo, periódico y alternativo. De su respeto depende que los procesos de reelección signifiquen lo que son: una renovación de los poderes públicos, y no se conviertan en una simple ratificación que prorrogue el período anterior. La elección de autoridades mediante voto popular, directo y secreto no ha de tratarse como si fuere un mero plebiscito.
Estos elementos son prinicipios universales de la moralidad política, que dan relieve a la concurrencia del respeto a la voluntad popular, junto con las reglas que esa misma voluntad ha impuesto para legitimar el ejercicio del poder público a fin de garantizar la seguridad jurídica e institucional de la Patria republicana, democrática, libre y soberana, de todos los venezolanos.
La actual situación de inseguridad jurídica e incertidumbre debe ser superada de manera tal que permita la toma de medidas políticas, sociales y económicas indispensables para el gobierno de la República, que ya se hacen impostergables. Es un legítimo reclamo de la soberanía nacional exigir que las supremas decisiones de la República sean tomadas e informadas a la Nación directamente por quien detenta el mandato popular, sin intermediarios y dentro del territorio nacional. Cada funcionario electo es responsable personalmente ante el electorado y ante el ordenamiento jurídico del Estado.
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Rafael Muci Mendoza Presidente de la Academia Nacional de Medicina |
Enrique Lagrange Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales |
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Claudio Bifano Presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales |
Luis Mata Mollejas Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas |
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Manuel Torres Parra Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat |
